A finales de junio, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció en el “Acto inaugural de Generación de Oportunidades”, que esperaba llevar las leyes de “startups”, creación empresarial y la reforma concursal, a Audiencia Pública a finales de julio, en pos de impulsar la recuperación económica de España tras la crisis que el Covid-19 trajo consigo. Hoy, se ha dado un paso más en materia de innovación y  el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley de “startups” convirtiendo el anuncio de la vicepresidenta en realidad.

Si bien aún es únicamente un anteproyecto de ley, la creación de un marco legal de  estas “tres piezas clave” está, por primera vez, en la órbita política y con grandes posibilidades de entrar en acción muy pronto debido a que pertenecen al Plan de Recuperación de España que busca saldar la deuda de inversión y levantar el ecosistema empresarial.

Estos tres proyectos considerados por Calviño como “muy importantes”, son de los que se espera un respiro necesario para la cobertura del ciclo de empresas, motivará un crecimiento y un impulso en las compañías y consolidará las empresas emergentes haciéndolas más productivas y competitivas para el futuro.

Criterio ambiguo para ser “startup”: ser innovador

Desde Youandlaw hemos hecho hincapié insistentemente en la necesidad de una aplicación de “ley de startups” y en qué consistiría la que se encuentra en vísperas de sanción. Si bien ha habido una motivación evidente por parte del Gobierno por saldar una deuda pendiente con el ecosistema emprendedor, con la aparición del Covid-19, algunas reformas que se adapten al nuevo contexto serán, sobre todo, necesarias. Especialmente en materia tecnológica.

En esta línea, es importante destacar cómo y qué requisitos debe cumplir lo que el Gobierno considera “startup”. Dentro del anteproyecto se han estipulado ciertas condiciones y criterios a la hora de definir lo que es un emprendimiento bajo el término “startup”. Por ejemplo, la compañía no puede tener una antigüedad mayor a 5 años, con sede social y por lo menos la mitad de la plantilla debe tener contratos en España.  Además, la compañía debe tener una facturación menor a 5 millones de euros, y sobre todo, ser “innovadora” término que puede resultar ambiguo y poco conciso.

El anteproyecto actual contiene diversas normas que ayudarían a fortalecer y crear un ecosistema legal de emprendimiento sin muchos “palos en la rueda”, especialmente en aspectos fiscales y tributarios a la hora de crear una compañía emergente. Dentro de las medidas, se contempla una carga tributaria inicial “suavizada” basada en el pago de un 15% de Impuesto de Sociedades en un máximo de 4 años, y una mejora a la tributación de la entrega de participaciones de los empleados en las empresas con un aumento hasta los 45 mil euros el importe exento anual en el IRPF. En el ecosistema startup esta modalidad de “shares” es habitual y consiste en redituar a los empleados ofreciendo la posibilidad de ser parte del capital social y obtener ganancias en caso de una revalorización de la empresa y ante casos de inyección de capital externa. También se prevé un aplazamiento de las deudas tributarias, así como la creación de espacios regulatorios de pruebas “Sandbox”.

Con esta ley, el objetivo es que se agilicen los procesos legales, las inversiones y se “cuide” al emprendedor español bajo un marco jurídico que le brinden garantías y custodias a la hora de sumergirse en el mercado. A la vez, se busca que con estas facilidades además de dar un impulso a la creación de empleo, España se convierta a nivel mundial en un “cultivo” de “startups” e innovación que atraiga inversiones extranjeras dispuestas a apostar por el suelo español.

Si bien para muchos la ley de “startups” es una revalidación y reconocimiento hacia las empresas emergentes, ya que estas son una manera de generar riqueza, empleo y un crecimiento veloz bajo un modelo innovador y tecnológico de las que empresas tradicionales no son nativas, otros emprendedores no piensan lo mismo. A pesar de que la economía se encuentra en fases avanzadas hacia una recuperación económica, se cree que las reformas dictaminadas no harán gran diferencia, y es necesario un cambio más radical.

Sin embargo, la manifestación evidente de motivar la agilización del lanzamiento de la ley por parte del Gobierno, es una señal y un visto bueno que traerá tranquilidad al emprendedor, ya que en el sector legal del emprendimiento han tomado conciencia que es contraproducente e irreal que España se diera el lujo de seguir esperando.